Roberto Orta Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, propuso la necesidad de una reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios en 2023 que puede generar confianza en los propietarios que poseen inmuebles desocupados.
Martínez explicó que el volumen de operaciones y precios se mantuvo relativamente igual con excepción de algunas urbanizaciones, principalmente en las capitales de los estados, que tuvieron variaciones.
Plan Arrienda Seguro
Martínez informó que a través del Plan Arrienda Seguro la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) anuncio nuevas políticas para regularizar el mercado secundario.
“Esperamos en ese plan un cambio importante en las políticas públicas y dónde exista un canon de arrendamiento justo. Este año nos vamos a incorporar en el trabajo con la Sunaval”, dijo en una entrevista en Unión Radio.
Se refirió que aún la reactivación del crédito bancario es un tema complejo para la compra de vivienda, y es por ello que están trabajando con la Sunaval para desarrollar un nuevo mecanismo de financiamiento concreto de algunos proyectos mientras la banca se reactiva.
Orta indicó que el presidente de la República prometió que iba a existir una verdadera protección para quienes arriendan.
Crecen los alquileres comerciales
En cuanto a los alquileres de locales comerciales, Orta reveló que se ha mantenido la demanda.
“Hubo un aumento del 23 % en los alquileres comerciales, por lo que es conveniente que quieres tengan locales puedan ponerlos en arriendo. Va a seguir siendo el nicho de mayor crecimiento”
Distorsiones del mercado
El presidente de la Cámara Inmobiliria se refirió a la reforma puntual de la Ley de Registros y Notarias para el arancel correspondiente a la compra de viviendas que se ha convertido en un elemento distorsionador del mercado.
“La reforma es el mayor elemento distorsionador del mercado ya que se calcula un 10 o 20 % superior a lo que dice la ley que es el 2 %.
Además, el Saren habilitó un registro para extranjeros que les obliga a pasar por un nuevo trámite que es quienes le van a habilitar la autorización para que puedan vender propiedades o firmar documentos en las notarías del país”.
Propuso que ese nuevo trámite impuesto a la población extranjera sea eliminado por considerarse discriminatorio.
“Necesitamos reglas claras. Reformar la ley contra la estafa inmobiliaria y protección a la propiedad privada. Tenemos un hito con la devolución del Centro Comercial Sambil Candelaria”.
Concluyó que en la parte urbana no ha habido invasiones masivas, pero es importante que cuando exista esa situación la Fiscalía procese el caso de la forma más expedita y que se aplique el marco legal vigente.
Fuente: Descifrado